Nuevo Régimen para Administrar y Vender Bienes Provenientes de Actividades Ilícitas – Decreto 575/2025

Análisis del Decreto 575/2025

  1. Objeto principal
    El decreto aprueba un Régimen unificado de conservación, administración y disposición de bienes provenientes de actividades ilícitas, cautelados o recuperados en procesos penales de competencia nacional y federal, así como en procesos de extinción de dominio. Este nuevo marco busca centralizar la administración y conservación en el Ministerio de Justicia, manteniendo a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) como responsable de la enajenación o concesión comercial de los bienes.
  2. Objetivos estratégicos
  • Optimizar la administración de bienes decomisados, evitando deterioro, pérdida de valor o uso ineficiente.
  • Asegurar trazabilidad y transparencia mediante inventarios públicos actualizados.
  • Generar financiamiento para el sistema de justicia, la seguridad, la reparación a víctimas y organismos estratégicos (UIF, SEDRONAR, entre otros) sin recurrir a presupuesto adicional.
  • Cumplir estándares internacionales de organismos como la OCDE y el GAFI.
  1. Cambios institucionales clave
  • Creación del Consejo de Bienes Recuperados en Favor del Estado Nacional como órgano colegiado de supervisión y coordinación.
  • Modificación de la Ley de Ministerios y del Decreto 1382/12 para excluir de la AABE la administración y conservación de estos bienes, transfiriéndolos al Ministerio de Justicia.
  • Establecimiento de procedimientos claros para la cesión, custodia y control de bienes desde los órganos judiciales y la AABE hacia el Ministerio de Justicia.
  • Derogación de normativa previa fragmentada para evitar superposiciones regulatorias.
  1. Distribución de recursos
    El producido de los bienes se asignará según una escala establecida en el nuevo régimen, priorizando:
  • Reparación de víctimas.
  • Financiamiento de organismos de justicia y seguridad.
  • Fortalecimiento del sistema acusatorio federal.
  1. Justificación del carácter de DNU
    El Ejecutivo invoca urgencia por:
  • La magnitud y expansión del crimen organizado.
  • Deficiencias estructurales en la gestión de bienes ilícitos.
  • Déficit en infraestructura y tecnología del sistema de justicia federal.
  • Oportunidad inmediata de recuperación de activos de alto valor.

El decreto apunta a profesionalizar y centralizar la gestión de activos ilícitos, lo cual, en teoría, puede mejorar la eficiencia, la transparencia y el aprovechamiento económico de bienes que hoy suelen perder valor o uso estratégico. No obstante, el hecho de instrumentarlo vía DNU plantea interrogantes sobre el debate parlamentario que un régimen de este alcance merecería, así como sobre la capacidad real del Ministerio de Justicia para administrar con eficacia un volumen tan diverso y complejo de activos en coordinación con otros organismos.