Ahorros que vuelven al sistema: la UIF fija reglas claras para que ingresen sin trabas

Prevención de lavado de activos

La Resolución UIF 144/2026, publicada el 3 de noviembre de 2026 en el Boletín Oficial, obliga a bancos, agentes de bolsa, escribanos y demás sujetos obligados a tratar como un antecedente favorable la adhesión al Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias y crea un régimen de debida diligencia especial que elimina, hasta cierto monto, la exigencia de justificar el origen de los fondos. Entra en vigencia el 4 de noviembre de 2026.

El problema que viene a resolver

Cualquiera que haya intentado depositar dólares ahorrados “fuera del colchón” conoce la escena: el banco pide papeles que acrediten de dónde salieron los fondos, cómo se compraron las divisas y por qué el monto es coherente con el perfil del cliente. Muchas veces esa documentación simplemente no existe, porque los ahorros se fueron formando durante años de inflación, cepo y desconfianza en el sistema financiero.

La Ley 27.799 y su modificatoria, la Ley 27.826, crearon el Régimen de Declaración Jurada Simplificada de Ganancias y establecieron que la adhesión a él debía ser considerada por los sujetos obligados como un antecedente favorable. Faltaba la pieza que bajara ese principio a la práctica diaria de los oficiales de cumplimiento. Esa pieza es la Resolución UIF 144/2026.

La propia resolución reconoce que la economía informal representa cerca del 48,6% de la actividad, según datos del INDEC, y que tener moneda extranjera en efectivo ha sido, para millones de argentinos, una forma racional de preservar valor y no un indicio de ilicitud. El objetivo es diferenciar con claridad los ahorros con inconsistencias fiscales de los fondos que realmente provienen del delito.

Un esquema en dos niveles

La norma alcanza a personas humanas y sucesiones indivisas adheridas al Régimen de Declaración Jurada Simplificada, con exclusión de los Grandes Contribuyentes Nacionales y de los funcionarios públicos comprendidos en el artículo 38 bis de la Ley 27.799. Para ellos, define dos niveles de tratamiento:

  1. Antecedente Favorable (para todos los adheridos). Al dar de alta a un cliente o actualizar su perfil, la entidad debe valorar la adhesión al régimen como un factor mitigante de riesgo. Además, un depósito en efectivo no podrá considerarse, por sí solo, un indicador de sospecha, y la falta de papeles que acrediten cómo se compraron los dólares tampoco será, por sí sola, determinante. La falta de respaldo documental completo de ahorros históricos no constituye un indicio de ilicitud.
  2. Debida Diligencia Simplificada Especial (hasta un umbral anual). Mientras el total ingresado por el cliente en el año calendario no supere el umbral de la evasión tributaria simple previsto en el artículo 1° del Régimen Penal Tributario ( $100.000.000) por cada tributo y por cada ejercicio anual) , la entidad solo debe identificar al cliente, verificar su adhesión en el servicio de validación de ARCA, controlar las listas de terrorismo y sanciones (RePET y Consejo de Seguridad de la ONU) y cumplir la normativa sobre Personas Expuestas Políticamente. Por encima de ese monto, sigue rigiendo el Antecedente Favorable, es decir se analiza el origen de los fondos pero con un sesgo favorable al cliente.

Lo que ya no se puede exigir

Dentro de la Debida Diligencia Simplificada Especial, el artículo 15 establece que la entidad no puede exigir:

  • documentación respaldatoria de la actividad económica del cliente;
  • acreditación del origen de los fondos, ingresos o patrimonio;
  • información adicional sobre el propósito de la relación, cuando surja de la propia operación;
  • la verificación de la consistencia de la operación con la capacidad de ahorro del cliente.

Y hay un mensaje directo para las entidades más conservadoras: según el artículo 19, la aplicación sistemática e injustificada de exigencias desproporcionadas puede ser observada por la UIF y por los organismos de control en sus inspecciones. Pedir de más deja de ser una opción “segura”.

Seguridad jurídica para quien recibe los fondos

Uno de los puntos más relevantes para bancos, ALyCs, proveedores de activos virtuales y escribanías es el artículo 18. Si el sujeto obligado aplicó correctamente el régimen, se considera que cumplió con sus obligaciones de debida diligencia, aun cuando luego se determine que el cliente no reunía las condiciones, fue excluido del régimen o los fondos tenían origen ilícito. La única salvedad es que la entidad conociera esas circunstancias o que resultaran manifiestas con la información que tenía.

Lo que no cambia

La simplificación no es una amnistía ni una dispensa general. Siguen plenamente vigentes, cualquiera sea el monto:

  • el control del RePET y de las listas de sanciones de la ONU;
  • el reporte de operaciones sospechosas ante la UIF;
  • los reportes sistemáticos y la conservación de documentación.

El régimen especial queda excluido, entre otros supuestos, cuando el cliente es Persona Expuesta Políticamente, opera con jurisdicciones de alto riesgo o no cooperantes, existen elementos concretos de sospecha, o se detecta el fraccionamiento de operaciones para quedar por debajo del umbral.

Qué significa para usted

Si es persona humana con ahorros fuera del sistema: la adhesión al Régimen de Declaración Jurada Simplificada pasa a ser la llave para ingresar esos fondos con muchas menos fricciones. Conviene verificar que la adhesión esté vigente y bien hecha antes de acercarse al banco o a la escribanía, y planificar los ingresos considerando el umbral anual.

Si es empresario o inversor: el régimen abre una oportunidad concreta para canalizar ahorros familiares hacia inversiones, compras de inmuebles o capitalización de proyectos dentro del circuito formal. Recordemos que la ley considera cumplida la exigencia de canalización formal para los pagos en efectivo realizados en escrituras de inmuebles.

Si es sujeto obligado (banco, ALyC, PSAV, escribanía, aseguradora, entre otros): hay 60 días corridos desde la entrada en vigencia para adecuar manuales y procedimientos internos. La aplicación del régimen es obligatoria y será revisada en las inspecciones.