Privatización de AySA
Análisis de la Resolución 1198/2025 del Ministerio de Economía
- Marco normativo:
- Se fundamenta en la Ley 27.742 (que habilita privatizaciones de empresas estatales) y en la Ley 23.696 de Reforma del Estado, junto con los decretos reglamentarios 644/2024, 695/2024 y 494/2025.
- La norma se enmarca en un plan de desinversión del Estado en empresas públicas, específicamente Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA).
- Objeto principal:
- La resolución inicia formalmente el proceso de privatización de AySA, disponiendo la venta del 90 % de las acciones que posee el Estado.
- Establece que al menos el 51 % será transferido a un operador estratégico mediante licitación pública nacional e internacional.
- El remanente de acciones se venderá en bolsas y mercados locales.
- Mecanismo de valuación:
- El Tribunal de Tasaciones de la Nación declaró su imposibilidad de realizar la valuación en un plazo razonable.
- Por ello, se instruye contratar a una entidad bancaria del sector público nacional para efectuar la tasación, que servirá como presupuesto oficial.
- Garantías de continuidad:
- Se instruye a la Secretaría de Obras Públicas a asegurar que la privatización no afecte la continuidad del servicio público esencial de agua potable y saneamiento.
- Además, deberá elaborar la documentación licitatoria y contractual, incluyendo el contrato de concesión.
- Plazos y procedimiento:
- El proceso de venta debe realizarse en un plazo de 8 meses desde la entrada en vigencia de la resolución.
- La licitación deberá efectuarse a través de la plataforma AR, lo que implica un mecanismo digital y centralizado para la transparencia del procedimiento.
- Actores clave en la implementación:
- Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas” → coordina tasación, licitación y venta.
- Secretaría de Obras Públicas → elabora pliegos técnicos y contractuales, y asegura continuidad del servicio.
- Ministerio de Economía → autoridad de aplicación y supervisión general.
La Resolución 1198/2025 marca el punto de partida efectivo para la privatización total de AySA, siguiendo lo dispuesto previamente por ley y decretos. El Estado Nacional transfiere la gestión de un servicio público esencial a capital privado mediante un esquema mixto: un operador estratégico con control accionario mayoritario y el mercado de capitales para el resto de las acciones.
Aunque la resolución establece mecanismos de control (tasación oficial, plazos definidos, garantías de continuidad del servicio y uso de la plataforma CONTRAT.AR), la decisión implica un cambio estructural profundo en la provisión del agua y saneamiento en el AMBA, con consecuencias económicas, sociales y regulatorias significativas. El éxito del proceso dependerá de que se logre un equilibrio entre la atracción de inversión privada, la transparencia del procedimiento y la protección de los usuarios en un servicio público esencial.